El representante legal de los campesinos, Amelio Sisco, solicitó que se incorporen como prueba tres vídeos grabados por agentes del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a fin de esclarecer los hechos que se registraron durante la masacre de Curuguaty.

“Atendiendo la declaración del último exponente de la policía, que dijo que habían 3 efectivos de investigaciones que habían filmado el hecho (se solicitó que los vídeos se incorporen como pruebas), eso debe estar en el Ministerio del Interior y esa es una prueba que se debe incluir apara aclarar qué es lo que pasó y de dónde vinieron los disparos”, declaró el abogado en comunicación con Radio Uno.

El letrado también solicitó el resguardo de los vídeos y acusó al Poder Ejecutivo de manifestar su injerencia en el caso, pues nombraron al fiscal de la causa, Jalil Rachid, como viceministro de Seguridad en pleno proceso judicial.

“Una vez más el Ejecutivo hizo una injerencia dándole el nombramiento a un fiscal, habiendo una causa abierta donde los policías son los testigos, a fin de coaccionar a la policía. Yo personalmente sospecho que va a ocultar estas pruebas (por los vídeos) por lo que solicité que se pongan en resguardo”, declaró Sisco.

La convocatoria está fijada para el próximo 24 de junio en una reunión reservada donde Benítez explicará los alcances de instalar a las fuerzas militares en esa zona del país.

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Días atrás, el presidente de la República, Santiago Peña, aprobó el envío de militares a Itapúa, Ñeembucú y Misiones para fortalecer la seguridad interna. El primer grupo que se encargará de complementar tareas con la Policía, en la lucha contra el crimen organizado, ya se instaló en esos puntos.

La idea es apoyar en tierra, agua y cielo al objetivo de abortar a las agrupaciones criminales que se instalaron en la zona sur y mantienen en jaque a toda la población.

Sobre esto, Benítez deberá brindar detalles en el Senado y aclarar las dudas que giran al rededor de la medida tomada desde el Ejecutivo. Fue el senador Éver Villalba del PLRA, quien propuso.

Cíbar Benítez había explicado que el objetivo de estas fuerzas especiales es parecido a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), tiene el objetivo de actuar de manera más rápida y estratégica en los hechos violentos como se dieron en Natalio y Yatytay.

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El informe policial dado conocer por el oficial inspector José González, subjefe de la Comisaría 7 Parque del Sol, la captura se verificó a partir de la colecta de datos testimoniales y visuales que apuntan como uno de los responsables del asesinato al joven detenido.

En ese sentido los circuitos cerrados de la zona en que se perpetró el asesinato, captaron claramente las imágenes de los que dispararon a la víctima.

En ese contexto en el barrio San Jorge de Capiatá, detuvieron al sospechoso que tiene 21 años y no cuenta con antecedentes. El mismo declaró que no fu el que disparó el proyectivo falta que acabó con la vida del dueño de casa. estaba en la zona cuando ocurrió el hecho. El presunto autor, tanto como la motocicleta del mismo, permanece en la Comisaría 7 del Parque del Sol y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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Por otra parte buscan a dos personas más, sospechosas de haber participado del altercado y posterior asesinato, los mismos ya están plenamente identificados, según los investigadores.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Homicidios, consignan que el objetivo inicial era el yerno de la víctima, pero debido a la intervención de este, los criminales perdieron la calma y lo acribillaron.

Según el reporte, el envío que declaraba a Miami como origen contenía la silla la cual camuflaba 7 paquetes de marihuana con alta concentración de THC.

El pesaje total de la droga incautada arrojó como resultad 1 kilo 700 gramos.

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El hallazgo se dio mediante un control en conjunto con los encargados de la empresa de courier.

La caja con perfil sospechoso fue retenida y enviada a hasta la Oficina del Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El operativo fue realizado en presencia de la fiscal Abg. Manuel Rojas y el juez Nelio Prieto, quienes confirmaron que se trataba de una droga con mayores niveles de componente psicoactivo, que no serían producidos en nuestro país y son elaborados especialmente en laboratorios de Estados Unidos.